En noviembre del año 2020, el Registro de Economistas Auditores (REA), órgano especializado en la auditoría de cuentas perteneciente al Consejo General de Economistas de España, publicó un estudio que pone en alza la labor de los auditores privados en la transparencia y eficiencia del Sector Público de nuestro país. Así, el trabajo cuyo título es “Auditores del Sector Público” (puede accederse a él a través del apartado de Sector Público de la página web https://rea.economistas.es/) refleja que España es un país en el que el sector público tiene una importancia fundamental: emplea a alrededor de 2,4 millones de trabajadores (2018) y tiene un gasto sobre el PIB de casi el 42% (2019). Pero la evolución del empleo público no ha sido lineal, adaptándose a las diferentes situaciones de la economía del país. Desde 1983 (año de inicio del estudio) hasta 2009, el crecimiento en el número de empleados públicos fue muy significativo; posteriormente, y debido a la crisis financiera global provocada por la quiebra de Lehman Brothers en 2008, hay una contracción en este número de empleados que se extiende hasta el año 2015; finalmente, hay una nueva expansión del empleo público provocada por la paulatina salida de la crisis económica en España, aunque solamente a nivel autonómico y local.
El Tribunal de Cuentas expuso en 2011 que son este Tribunal y los Organismos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEX) los que pueden, casi en exclusiva, auditar las entidades del Sector Público. Aunque también señaló que los auditores privados pueden colaborar en estas tareas de control, abriendo las puertas a que éstos puedan ser contratados por las Administraciones Públicas tanto en las tareas de inspección interna y externa de sus entes. Legislación como la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, amparan dicha colaboración.
A pesar de que la Deuda Pública en términos del PIB se fue reduciendo ligeramente entre 2014 y 2019 (del 100,7% sobre el PIB en 2014 al 95,5% en 2019), en términos absolutos vino creciendo ininterrumpidamente desde 2007, situándose en los 385 miles millones de euros, hasta alcanzar los 1.189 miles millones de euros en 2019. En abril de 2020, época del confinamiento total, las previsiones del Gobierno de España llegaron a situar la Deuda Pública en el 115,5% del PIB. Para todo ello, se publicó en 2012 la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha implantado un mayor grado de supervisión económica del sector público. La exigencia social de una mayor eficacia y transparencia en la acción administrativa, junto con una mejora en la concienciación de los órganos públicos de control, han posibilitado una mayor presencia de las actuaciones auditoras en los últimos años.
A pesar de los últimos esfuerzos, multitud de entidades dependientes del Sector Público, especialmente del ámbito local, no realizan auditoría de cuentas. A nivel autonómico, las diferentes leyes de hacienda de las Comunidades Autónomas han incluido la obligación de auditar las cuentas de sus entes, al igual que ya lo hacía la Ley General Presupuestaria en el caso de la Administración Estatal. Este gran avance ha sido posible gracias a la colaboración entre las Intervenciones Generales respectivas que auditan dichas cuentas y los auditores y sociedades auditoras. Así, el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, surgió para dar solución al alto número de entes locales que no se someten a auditoría, regulando el régimen jurídico de control interno en las entidades del Sector Público Local. Las primeras cuentas anuales que se vieron afectadas por esta acción de control fueron aquellas cuyo ejercicio económico comenzó el 1 de enero de 2019. El gran número de entidades locales (3.256 entes en 2019) junto con la escasez de recursos humanos en las Intervenciones de las Corporaciones Locales, hace necesario que dichas Intervenciones se apoyen en los auditores privados para cumplir con esta normativa.
Para seguir progresando, resultará imprescindible realizar cambios en la legislación que incluyan dentro de la obligación de auditar sus cuentas anuales al resto de entidades públicas, destacando las de las empresas y las entidades que actúen en el mercado. De manera adicional a la tradicional auditoría de las cuentas anuales, algunos de los ámbitos de actuación más importe del Sector Público en los que podrían intervenir auditores privados son la auditoría de cumplimiento de la contratación pública y del conjunto de la normativa aplicable en la gestión de fondos públicos, la auditoría operativa de los ingresos tributarios o el impulso de los indicadores de gestión como herramienta de la auditoría sobre el Sector Público.
La colaboración de los profesionales de la auditoría en multitud de áreas de la actividad del Sector Público está enmarcada en un contexto de actuación profesional dirigido a realizar un mayor análisis de garantías, un control de la calidad y una actuación eminentemente seria y responsable.
Víctor Correa Porcel.
Colegiado n.º 551 del Colegio Profesional de Economistas de Almería y miembro del grupo de trabajo de Jóvenes Economistas de la misma provincia