El Ministerio de Hacienda de España ha anunciado una medida significativa relacionada con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la cual tiene como objetivo ajustar el mínimo exento para el año 2024 en respuesta a la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este cambio busca prevenir un impacto fiscal adverso para los trabajadores.
El nuevo mínimo exento en el IRPF se establecerá en 15.876 euros, marcando un incremento respecto al límite actual de 15.000 euros. Esta adaptación tiene la finalidad de garantizar que los contribuyentes que perciben el SMI reciban la totalidad de su salario mensual sin retenciones.
Adicionalmente, para evitar un “error de salto”, la reforma se aplicará a los salarios cercanos al SMI, especialmente aquellos que declaren rendimientos netos del trabajo inferiores a 19.747,5 euros anuales. Estos contribuyentes experimentarán una reducción en sus retenciones e ingresos a cuenta.
El Ministerio de Hacienda estima que más de 5,2 millones de contribuyentes se beneficiarán tanto de la subida del mínimo exento en el IRPF como de la reducción en los rendimientos del trabajo.
Esta modificación en la política fiscal refleja el compromiso del gobierno con la adaptación a las dinámicas cambiantes del mercado laboral, asegurando que las políticas fiscales no desincentiven el trabajo ni impongan una carga desproporcionada a los trabajadores con ingresos más bajos.
Aunque el Gobierno anunció previamente la subida del SMI, no se pronunció sobre cómo abordaría el impacto fiscal para los trabajadores en el IRPF. Con este anuncio del aumento del mínimo exento en el IRPF, el Gobierno demuestra su compromiso con la protección de los trabajadores de bajos ingresos.
El real decreto que establece el nuevo mínimo exento en el IRPF también contempla una disminución de las retenciones para aquellos con rendimientos inferiores a 19.747,5 euros anuales, beneficiando así a los trabajadores con salarios cercanos al SMI.
Se proyecta que la modificación en el IRPF pueda tener un impacto recaudatorio en términos de caja de 1.385 millones de euros, distribuidos entre las comunidades autónomas y el Estado, considerando la naturaleza parcialmente cedida del IRPF a las administraciones territoriales.